Por Ricardo Suazo Guzmán, Director Técnico de Fundación Tierra de Esperanza.

Chile al ser parte de los 193 Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) actualmente es parte del proceso del Examen Periódico Universal (EPU), una instancia donde los Estados se evalúan mutuamente respecto del cumplimiento de sus compromisos en materia de Derechos Humanos (DDHH).  

¿Qué ocurre con el cumplimiento al derecho a la educación de las y los jóvenes en conflicto con la justicia? Fundación Tierra de Esperanza, en sintonía con su misión institucional, hace más de una década trabaja directamente para asegurar el derecho al acceso, calidad y permanencia en la educación de este grupo de adolescentes.  

Según el último Anuario Estadístico del Servicio Nacional de Menores (2019), fueron 3.076 adolescentes y jóvenes atendidos en medidas y sanciones en contexto privativo de libertad, y 8.152 adolescentes y jóvenes atendidos en medidas y sanciones en contextos ambulatorios. ¿Cómo el Estado garantiza el cumplimiento de sus derechos relacionados con la educación? 

El periodo actual del Examen Periódico Universal al que voluntariamente se somete Chile nos invita a detenernos para revisar cómo el país está dando cumplimiento a este y tantos otros derechos que incluyen a la niñez y adolescencia. En el ámbito de la educación y en el proceso del EPU, el Estado de Austria recomendó a Chile “garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad en los centros de detención de menores, así como la continuidad de los estudios en el sistema educativo común una vez cumplidas las condenas”, una indicación patrocinada desde Fundación Tierra de Esperanza durante la ejecución de su plan de abogacía, previo al examen periódico universal, proceso en el que tomamos contacto con distintas embajadas, con el fin de informar acerca del derecho a la educación de los adolescentes que se encuentran privados de libertad en nuestro país. Lo anterior, implicó relevar una realidad invisible para gran parte de la sociedad y en la cual el Estado de Chile debe destinar mayores esfuerzos para garantizarles su derecho.  

Hoy nos preparamos para informar a Naciones Unidas acerca de los avances, retrocesos y estancamientos sobre la garantía de estos derechos, con el fin de mantener los desafíos y recomendaciones en el centro de las discusiones de las Políticas Públicas. 

El Examen Periódico Universal es una oportunidad para que el Estado de Chile de cuenta del cumplimiento de los Derechos Humanos en el país y se comprometa a establecer mejores mecanismos de garantía. Desde la sociedad civil tenemos el potencial de complementar lo informado por el propio Estado con el envío de reportes alternativos que configuran un panorama más fidedigno de la situación de los Derechos Humanos en el país. Paralelamente, una mayor participación en estas instancias las vuelve más democráticas y fortalece su legitimidad. En este espíritu, Tierra de Esperanza tomó parte de este proceso. 

Finalmente, como en todas las instancias internacionales, la efectividad de estas instituciones recae en la voluntad política de los Estados, con un importante rol desde la Sociedad Civil. La garantía de los DDHH es un imperativo ético que requiere de una amplia participación y del compromiso con la dignidad de todos los seres humanos.