Con diversos espacios de reflexión y análisis Fundación Tierra de Esperanza está abordando los desafíos de lo que será la implementación del nuevo Servicio de Reinserción Social y Juvenil, y que está en trámite en el Congreso Nacional.

Loreto Burgos, coordinadora técnica y de la línea de justicia juvenil en la institución, ha sostenido encuentros con equipos para abordar los desafíos en el marco de a especialización, acreditación entre otros ámbitos. A continuación conoce más sobre este tema en la siguiente conversación sostenida con Tierra de Esperanza Te Informa.

¿Cuáles son los principales desafíos que representa el nuevo servicio para Fundación Tierra de Esperanza?

Estos incluyen no sólo a los equipos que ejecutan programas de medidas y sanción, y de la oferta complementaria, sino que también se extiende a Fundación Tierra de Esperanza, como organismo colaborador. Esto porque el primer desafío será obtener la acreditación como institución, y las acreditaciones de cada programa en cada uno de los territorios. El proyecto de ley, en el estado actual que se encuentra, ha establecido la creación de un Consejo de Estándares y Acreditación, el que tiene como una de sus funciones validar técnicamente como instancia externa los procesos de intervención, y para ello, le corresponderá la aprobación de estándares y la acreditación en ambos niveles (…) Al respecto, la generación de estándares es un proceso que se encuentra en desarrollo, y tiene su origen con la primera auditoría técnica hecha a los equipos de medidas y sanciones del medio libre a nivel nacional, encargada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y levantado durante el año 2016 por el Instituto de Sociología de la Universidad Católica.

Para avanzar en esta ley ¿se realizaron diagnósticos?

En octubre del 2020 se inició otro proceso de “diagnóstico sobre las capacidades operativas y técnicas de los organismos colaboradores y prestadores de servicios de la red SENAME para la implementación del NSNRSJ” realizado por el mismo equipo, pero a través del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica. La auditoría técnica se realizó para identificar los objetivos y requerimientos institucionales que deben cumplir los organismos Colaboradores (OCAS); analizar las estrategias implementadas por las OCAs para dar cumplimiento a los objetivos y requerimientos de SENAME; identificar los principales facilitadores y obstaculizadores en la gestión organizacional y en los procesos de intervención; identificar los grados de cumplimiento y las brechas que existen entre el desempeño de las OCAs, y proponer medidas a implementar para asegurar intervenciones de calidad y pertinentes que se generan en la ejecución. Los resultados de esta auditoria tuvieron un impacto directo en el ajuste progresivo del sistema de supervisión técnica que realizan las Unidades de Justicia Juvenil en los territorios, con incorporación de rúbricas de evaluación en coherencia a las guías operativas de supervisión ajustadas anualmente, y también tuvo un impacto en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social y Juvenil, al establecer la creación del Consejo de Estándares y Acreditación. Además, propone que las intervenciones sean fundamentadas en evidencia científica, entre otros aspectos (…) implicará asumir nuevos desafíos en la gestión organizacional, y la gestión técnica de proyectos para acreditarnos, para participar de licitaciones con programas que cumplan estándares de funcionamiento técnico, y que tales estándares sean sostenibles en el tiempo y no perder la acreditación de algún programa.

¿Qué desafíos representa hoy la especialización en el abordaje de las atenciones en justicia penal adolescente?

El desafío de la especialización es fundamental, profundo, yo diría que es estructural. Trasciende a todo el sistema de Justicia Juvenil, o sea, al Poder Judicial, Jueces, Administrativos de Tribunales, Fiscales, y su equipo de soporte; lo mismo para Defensores, a pesar de que ellos se encuentran con mayores avances (…) se vienen desafíos interesantes de observar cómo se producen en todo el sistema, y por supuesto, que también para nosotros, a nivel de programas, y a nivel institucional. Internamente debemos seguir avanzando con los procesos de formación especializada. Afortunadamente, y porque hemos sido bastante pioneros, innovadores, rigurosos, tenemos bastantes herramientas para dar continuidad, a través del Modelo Multidimensional de Intervención Diferenciada (MMIDA) y con los desarrollos incorporados a través del SIGID-MMIDA (plataforma tecnológica que apoya el modelo).

Conoce las claves del nuevo servicio:

*Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

– Se trata de un servicio especializado, con un alto nivel técnico y profesionalizado en su personal.

– Mejorará la calidad de los procesos de intervención de los infractores de ley, por medio de programas que tendrán estándares de calidad fijados por un Consejo de Estándares y Acreditación, conformado por profesionales altamente    especializados, nombrados a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

– Creará un sistema de justicia especializado, con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente, quienes sesionarán en salas especializadas de causas con imputados adolescentes.

– Corregirá varios déficits del diseño de sanciones y medidas penales de la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescentes.

– Entre ellos, se limita la sanción de amonestación y se elimina la multa; se regulan los concursos de delitos para los adolescentes que tienen reincidencias en varios hechos, creando un régimen de unificación de sanciones; se modifican las normas relativas a la determinación de la pena, incorporándose informes técnicos que permitirán establecer de manera fundada la sanción más idónea al caso concreto.

– Se incorpora, asimismo, la mediación penal juvenil, como una forma alternativa de resolución de los conflictos.