En el contexto social que vive el país y tras conmemorase 30 años de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño es urgente instalar las transformaciones sociales que el país necesita pensando también en la niñez.
Más de 4 millones 200 mil personas en Chile son menores de 18 años, y de ellas, un 22,9% está en situación de pobreza multidimensional, según la encuesta CASEN 2017. La fractura de la malla social que impacta a la infancia y adolescencia socialmente vulnerable nos obliga a priorizar, desde el Estado y el intersector, por una agenda social que esté a la altura de sus necesidades. Fundamental en este esfuerzo es contar con una Ley de Garantías de Derechos a la Niñez, la que hoy requiere de voluntad política para avanzar. Necesitamos que la infancia sea concebida como sujeto de derechos, que cada artículo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño cobre validez, y los principios que la sustentan, sean una realidad para su interés superior, desarrollo, participación, protección, y no discriminación.
Hoy apremia poner el foco también en la salud mental de nuestros niños, niñas y jóvenes, con énfasis en la infancia y adolescencia más vulnerada. En Chile, por fenómenos multicausales, el suicidio es la segunda causa de muerte de los adolescentes, por lo tanto, la promoción de factores protectores y prevención de factores de riesgo cobran especial relevancia para cambiar esta triste realidad.
Proponemos una mirada integral para avanzar de manera coherente y efectiva en la generación de políticas sociales destinadas a la protección de las niñas y niños en nuestro país, principalmente para los que están en situación de desprotección y vulneración de derechos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño debe ser un imperativo para nuestra sociedad desde la práctica; este marco internacional, reconoce en la infancia sus derechos humanos, los que han sido reprochable e históricamente vulnerados en nuestro país. Cambiar esta realidad es responsabilidad de todos y todas, cabiéndole al Estado un protagonismo mayor, cumpliendo con los anuncios ya realizados en materia de infancia y acogiendo las observaciones que tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han realizado respecto del actuar de las policías en el contexto de movilizaciones sociales, donde participan niños, niñas y jóvenes.