Internacional. El próximo 22 de enero Chile será evaluado en el Examen Periódico Universal (EPU), una instancia en que los países miembros de las Naciones Unidas revisan en detalle el cumplimiento a los compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos a los Estados que lo integran.
De esta forma, la coalición integrada por Fundación Tierra de Esperanza y la Corporación Educacional Tierra de Esperanza, por primera vez participó en este proceso y puso en el escenario internacional la necesidad de priorizar el derecho a la educación para adolescentes privados de libertad, un tema que según los expertos no ha sido abordado con un enfoque de derecho y en lo que resulta gravitante avanzar dado a que según consignan existe una marcada discriminación de acceso y calidad respecto a los adolescentes que no presentan conflicto con la justicia.
Fueron meses de un exhaustivo análisis a cargo de un equipo de expertos de la coalición señalada, quienes revisaron el contexto nacional en este ámbito, proceso que culminó con la fundamentación de 14 recomendaciones para contribuir a garantizar los derechos de los adolescentes en el sistema judicial juvenil chileno. Una de éstas ya fue incorporada en el informe emitido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos para Naciones Unidas (ACNUDH) , entregado a los 192 países miembros, y que hacen referencia a la necesidad de que la totalidad de los centros privativos de libertad para adolescentes y jóvenes privados de libertad cuenten con establecimientos de educación formal con condiciones básicas de infraestructura y equipamiento.
Pedro Canales Contreras, director ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza, afirmó que “nuestra Fundación que por más de 20 años está trabajando con la población infantojuvenil sabe que la educación es uno de los derechos fundamentales para el desarrollo del capital humano que tienen los adolescentes. Queremos que nuestro país garantice el derecho a la educación de los jóvenes privados de libertad, un sistema que hoy se rige por el sistema de adultos. Tenemos claridad que la privación de libertad no les priva a los jóvenes a acceder a la educación, ni a ningún derecho, por lo tanto debemos velar que se cumplan los compromisos y obligaciones que el Estado tiene en este ámbito”.
Actualmente, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad establecen que todo adolescente de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades, destinada a prepararlos para su reinserción en la sociedad, en ambientes que satisfagan todas las exigencias de la dignidad humana. Además, los Estados deben garantizar que los adolescentes, al salir de los espacios de confinamiento y producto del mismo, no se encuentren en desventaja en el plano de la educación respecto de sus pares.
De acuerdo a las cifras oficiales, Chile tiene 3 mil 161 adolescentes privados de libertad. El documento técnico elaborado por Fundación Tierra de Esperanza consignó que aún cuando existen avances en el sistema educacional, la privación de libertad de adolescentes mantiene la exclusión de los estándares fijados en las políticas educativas del país lo que dista del compromiso estatal al suscribir en 1990 la Convención Internacional de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Al respecto, Ricardo Suazo Guzmán, director técnico de Fundación Tierra de Esperanza y que fue parte del equipo que llevó a cabo las recomendaciones para el EPU 2019, señaló que “al participar del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal del Estado de Chile, la Coalición Tierra de Esperanza espera que otros Estados miembros de Naciones Unidas cuenten con información fidedigna y de primera mano sobre el derecho a la educación de adolescentes privados de libertad en el sistema de justicia juvenil chileno, que les permita reconocer algunos avances y, especialmente, efectuar recomendaciones fundadas para mejorar la situación educativa de adolescentes privados de libertad en el sistema de justicia juvenil, el grupo más discriminado y postergado en nuestro país en relación a este derecho”.
De acuerdo a la programación de Naciones Unidas, el Examen Periódico Universal al que se someterá nuestro país se realizará en Ginebra entre las 09.00 a 12.30 horas (03.00 a 06.30 hora de Chile.
Revisa aquí en extenso las recomendaciones realizadas por Fundación Tierra de Esperanza y la Corporación Educacional Tierra de Esperanza, las que fueron difundidas a diversos organismos internacionales dentro del plan de abogacía.
Recomendaciones
- Asegurar que la totalidad de los Centros Privativos de Libertad para adolescentes cuenten con establecimientos de educación formal.
- Asegurar que en el establecimiento de medidas cautelares y sanciones para adolescentes se utilice la privación de libertad como último recurso, se evite el desarraigo familiar y se fomente la reinserción social efectiva de los y las adolescentes.
- Asegurar la especialización efectiva, suficiente y permanente del personal del sistema de justicia penal adolescente, en el nivel judicial, de atención directa y resguardo perimetral, acorde a la CDN y demás instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Chile.
- Incorporar a la política pública educativa el reconocimiento del valor de la diversidad cultural y étnica, fomentando a través del currículum el uso de las lenguas de distintos pueblos originarios y migrantes durante toda la trayectoria educativa.
- Crear un Marco Curricular que se adecúe a las trayectorias educativas de las y los adolescentes privados de libertad y asegure la continuidad de sus estudios en el sistema de educación normal diurno una vez que cumplen su medida o sanción privativa de libertad.
- Establecer un mecanismo de financiamiento que asegure la sustentabilidad de los establecimientos educativos en medio privativo de libertad y no dependa exclusivamente de la asistencia al aula de las y los adolescentes, a fin de garantizar su acceso a la educación.
- Asegurar las condiciones básicas de infraestructura y equipamiento de los establecimientos educacionales para adolescentes privados de libertad, que permitan desarrollar procesos educativos de calidad.
- Desarrollar políticas que incorporen la especialización para contextos de encierro en la formación inicial y sistema de formación permanente de docentes.
- Asegurar las condiciones de los centros privativos de libertad para adolescentes tomando en consideración su dignidad, especialmente en lo referido a evitar el ingreso de drogas a los centros, mejorar los sistemas de seguridad y contar con climatización acorde a la diversidad de territorios.
- Instalar un mecanismo nacional de denuncia, independiente, adaptado y publicitado permanentemente, para ser usado por adolescentes privados de libertad víctimas de algún tipo de explotación o abuso, tortura u otras formas de malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de parte de funcionarios públicos o pares.
- Activar una instancia mediadora permanente e independiente en los centros privativos de libertad, facultada para recibir e investigar las quejas formuladas por las y los adolescentes y ayudar a la consecución de soluciones, de acuerdo a lo recomendado en las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad.
- Implementar una base de datos nacional para la rendición de cuentas de las actuaciones administrativas y penales del Estado frente a denuncias de explotación o abuso, tortura u otras formas de malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de parte de funcionarios públicos o pares, en contra de adolescentes privados de libertad.
- Crear un procedimiento especial para investigar delitos relacionados con explotación o abuso, tortura u otras formas de malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en contra de adolescentes privados de libertad, que considere la desigualdad de poder entre adolescentes y funcionarios públicos encargados de su cuidado y custodia.
- Asegurar la recuperación física y psicológica y la reintegración social de adolescentes privados de libertad víctimas de cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de parte de funcionarios públicos o pares, bajo la supervisión de los Tribunales de Familia