Región de Antofagasta. A 11 años de la implementación de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, Fundación Tierra de Esperanza realizó una jornada de diálogo con expertos en este ámbito en la región de Antofagasta, en colaboración con la Defensoría Penal Pública, la Seremi de Justicia y Sename.

Una instancia que aportó a la mirada de la justicia juvenil en momentos que en el país se discute la modificación  a la ley 20.084, esgrimiéndose puntos de vista que van desde rebajar la edad de imputabilidad, endurecer las sanciones, y también a insistir en el sentido último que esta tiene:  una medida socioeducativa y de reinserción social.

En este sentido, la Directora Zonal Norte de Tierra de Esperanza, Marisol Flores, abrió el seminario subrayando que “es necesario que se pueda tener una mirada comprensiva de dos elementos que a mi parecer son centrales para determinar las sanciones más idóneas: las particularidades de los adolescentes infractores marcados muchas veces por duras historias de vida, y cuya etapa de ciclo vital resulta crucial para un adecuado desarrollo futuro; y por otro lado, considerar que los fenómenos sociales asociados a la delincuencia, están protagonizados muchas veces por la estigmatización y falta de oportunidades”.

 

Ley de Responsabilidad Penal Adolescente:  “El aumento de penas y la rebaja de la edad de imputabilidad aumenta el efecto criminógeno que tiene el sistema penal adolescente”

Nicolás Espejo, abogado y asesor de infancia de la ONU, fue uno de los panelistas en este encuentro. En entrevista con Fundación Tierra de Esperanza profundizó sobre el tema enfatizando el enfoque de derecho que se debe tener presente a la hora de abordar el tema.

 

¿Qué opinión tiene como experto a las modificaciones que se proponen hoy a la ley 20.084, entre ellas, rebajar la edad de imputabilidad?

 

Es un debate equivocado porque no existe ningún dato relevante de la evidencia comparada que sugiera que una tendencia en el aumento de penas, o incluso la rebaja de la edad, tenga un impacto positivo ni en la seguridad ciudadana, ni por cierto, en la reinserción social adolescente. El aumento de penas y la rebaja de la edad de imputabilidad aumenta el efecto criminógeno que tiene el sistema penal adolescente: expone a los niños a un sistema de privación de libertad que tiene mayores tasas de reinsidencias que el medio libre, y en consecuencia, ni desde la perspectiva de la ciudadanía que busca mayor seguridad, ni del adolescente que busca reinserción, es una tendencia provechosa en ese sentido.

 

Según los datos de la población atendida en la línea de justicia juvenil de Fundación Tierra de Esperanza, un 90% de los adolescentes señaló haber sufrido algún tipo de vulneración en su infancia.  ¿Considera que las historias de vida están siendo abordadas en la discusión para modificar la ley?

 

No. Y me parece muy importante que la Fundación dé a conocer este dato. Es esperable que se haga porque lo que sabemos de polivictimización, tanto en Chile como fuera del país, hay ciertos grupos de niños y niñas que se exponen a diferentes tipos de violencia como trato negligente, abuso, castigo; y normalmente son esos niños los que por la dinámica de violencia y de abuso en las que se encuentran, entran en contacto con la ley penal. Es por eso que es tan importante que la discusión penal juvenil tome en cuenta este dato, porque así se puede dar una respuesta más integral a los temas de justicia juvenil. Lo anterior,  en contexto de una preocupación más amplia de lo que está pasando en las trayectorias de vida de los niños, de los cuales se encuentran en esta posición dual: sé es víctima de vulneración de derecho y eventualmente en cometer delito. No hay respuesta eficiente y eficaz a este problema, si nosotros hacemos una separación de tratar a los niños solo como infractores o solo como sujetos vulnerados en sus derechos, y no pasa por modificar las normas de responsabilidad penal, sino más bien por mejorar un sistema proteccional territorial que acompañenm las trayectorias de vida de los niños, en torno a la protección y que garantice los derechos lejos del delito.

 

Entonces, ¿cuál es la discusión de fondo que debe abordarse en torno a este tema?

 

La discusión de fondo debe tener dos cosas fundamentales; primero, si a los niños que cometen infracción de ley los vamos a tratar primero como delincuentes o infractores o como niños. La Convención de los Derechos del Niño es clarísima, Chile es obligado a esto, estamos hablando de adolescentes primero, personas cuyo proyecto de vida importa, que vienen principalmente de ambientes familiares complejos, de barrios complicados, con trayectorias de vida que tenemos que hacernos cargo de ellos con criterio altísimo de moralidad y apego estricto a la convención. La opción es apostar por la vida, las trayectorias de vida de esos niños, y no por un discurso populista, ineficaz e inmoral que busca utilizar el discurso contra la lucha de la delincuencia juvenil como una herramienta política para posicionar un falso discurso de seguridad pública en los medios de comunicación.