Por Pedro Canales, Director Ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza.
En marzo la educación escolar toma protagonismo en la agenda pública. Sin embargo, la educación en contexto de encierro para adolescentes privados de libertad, en esa misma agenda, no se asoma con tanto aplomo.
Un escenario positivo para avanzar en este ámbito es sumarnos a un análisis profundo en esta materia. La educación y el desarrollo integral de los aprendizajes deben ir de la mano para asegurar un proceso formativo pertinente y diferenciado con los estudiantes que hoy se rigen por un curriculum educativo, que paradójicamente corresponde a la modalidad para adultos.
En este ámbito, la educación diferenciada debe considerar las características de los estudiantes, mirándolos integralmente y considerando las trayectorias socio-educativas a las que han estado expuestos: vulneración de derechos sociales, culturales, económicos, desestructura familiar, abandono físico y psicológico, maltrato, entre otros.
Cuando ponemos énfasis en el concepto de reinserción social, fin último de la ley 20.084, debemos tener presente lo que señala su artículo 20, respecto a que la intervención socio-educativa está orientada a la plena integración social. Sin duda, estos factores no deben estar fuera para avanzar en un modelo educativo para los adolescentes privados de libertad, de todas las unidades educativas en contexto de encierro existentes en el país, que alcanzan una matrícula para mil 563 adolescentes de acuerdo a los datos de la Coordinación Nacional de Educación para personas jóvenes y adultas (Ministerio de Educación, 2017).
Pedro Canales Contreras
Director Ejecutivo
Fundación Tierra de Esperanza