En un mes marcado por el día internacional de la lucha contra el abuso y el tráfico ilícito de drogas, Fundación Tierra de Esperanza, a través de su coordinadora técnica nacional, Lorena Trujillo, abordó las implicancias que tiene este tema en la salud mental. Si bien, la segunda encuesta de SENDA sobre los efectos del COVID-19 en el consumo de alcohol y otras drogas en Chile dio a conocer que la ingesta de alcohol bajó, si se constató que subió el consumo de medicamentos sin recetas, como tranquilizantes.

Actualmente, la salud mental es un foco de atención que alcanzó un mayor protagonismo en la agenda pública en el contexto de pandemia; sin embargo, son múltiples los desafíos que persisten en un país que tiene a su población escolar, de acuerdo al Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar (ENPE) número 13 ( 2019), liderando en el continente la prevalencia de consumo de tabaco, marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes .

La línea de tratamiento está muy compenetrada con un trabajo articulado en la salud mental. ¿cómo vinculas  la salud mental y el consumo de drogas?

El consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes puede comprenderse como un síntoma, cargado de mensaje comunicacional y que puede ser interpretado evidenciando cómo el sujeto no ha podio encontrar otra vía para manejar aquello que constituye dolor, angustia, sufrimiento y en muchos casos trauma. La adicción, entendida como “A- dicción”, sin dicción, muestra a un o una adolescente capturado por la droga en la medida que para él o ella constituya un medio auxiliar para disociar la realidad y volver más tolerables los síntomas de angustia, miedo, tristeza y frustración.

En este sentido, la comprensión de la conducta, más que su mera calificación psicopatológica, es lo que más nos enriquece al momento de acompañar el re- establecimiento de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. 

¿Qué aspectos  se deben considerar para el abordaje de esta realidad en el ámbito de la salud pública, especialmente, en el contexto de pandemia?

Hemos visto que en materia de salud mental y, en particular frente al consumo problemático de drogas, son los determinantes sociales de la salud los que deben ser considerados como pilares centrales al momento de pensar en una sociedad más justa, y, por ende, con mayor bienestar para sus ciudadanos, en especial la infancia. 

Ello implica que, más que centrar sólo los esfuerzos en el sujeto, es la sociedad la que debe volverse más amable, con mayor equidad social, con mejor distribución de sus ingresos, con mayor cohesión social, con la generación de una organización que facilite el sentido de comunidad, y sin duda con el acceso a bienes y servicios como derechos de todas y todos los ciudadanos.

En este sentido, el paradigma de “enfermedad” resulta insuficiente para un abordaje efectivo, toda vez que centra la responsabilidad en el sujeto que “padece” una afección. Una manera de comprender el éxito del Programa de prevención Islandés “Planet Youth”, es precisamente confirmando que su foco ha estado puesto en la integración social, en el acceso a apoyos sociales, involucrando a muchos actores de la comunidad, tales como organizaciones sociales, padres/madres, profesionales de salud, las organizaciones juveniles, escuelas y con un fuerte respeto a la pertinencia local y a las necesidades y características específicas de cada territorio. Ello demuestra que una política pública debe ir más allá del sujeto y centrar los esfuerzos en intervenir sobre los determinantes sociales que hacen que las personas se encuentren en riesgo. 

Sin ir más lejos, un ejemplo más de ello es la pandemia por COVID- 19 que hoy enfrentamos. Hemos confirmado que, aún con acceso a la misma vacuna por parte de la población, este virus no nos afecta a todas y todos por igual. En los sectores con menores factores protectores, el virus produce más impactos y más muertes. Una manera clara y cruda para explicar qué son los determinantes sociales en salud, y que también rigen para comprender y abordar muchos problemas sanitarios que vive la población, incluidos la salud mental y el consumo problemático de drogas. 

¿Cómo se está abordando esta temática en los equipos de intervención?


Para los equipos ha sido un desafío complejo. Ha implicado poner en juego un cambio metodológico abrupto para pasar de las intervenciones clásicas, a la telesalud en un gran porcentaje de ellas, unido al agravamiento de muchos de los cuadros por parte de las y los usuarios, al colapso del sistema de salud del que también dependemos para nuestro trabajo, y unido al propio desgaste e inseguridad legítima vivida por la persona del terapeuta, que vive incertidumbres, cansancios y miedos no tan distintos a los de la población en general. 

En este sentido, antes de hablar de la técnica propiamente tal, creo que ha sido un acierto de parte de la Fundación el atender al estado de salud mental de los propios profesionales a través de algunas de las iniciativas que se han desarrollado, buscando amortiguar los efectos de esta crisis social, de salud física, económica y también de salud mental.

En lo más específico, los equipos han debido desafiar la forma en que veníamos haciendo las cosas, para desplegar intervenciones innovadoras, ajustadas a las tecnologías, en clave adolescente y debiendo aprender a hacer terapia por teléfono, y/o encontrando a las y los adolescentes en sus propios lugares y lenguajes: las redes sociales. 

A pesar que la crisis no nos dio tiempo ni tregua para diseñar lo que haríamos con la antelación y preparación que hubiéramos querido, los equipos han sido capaces de dar continuidad a los procesos y desarrollar nuevas estrategias de intervención que estoy segura que una vez estemos menos tensionados por la crisis, podremos madurar y profesionalizar como formas estables de intervención que llegaron para quedarse. 

La política pública está girando su mirada hacia la evidencia. Y la medición de resultados parecen ser un eje importante para la mejora continua de las intervenciones. ¿Qué desafíos representa en  la línea de tratamiento? 

Es un acierto que pensemos nuestro trabajo desde intervenciones basadas en evidencia. Ello quiere decir que ya no basta con querer hacerlo bien, es necesario hacerlo bajo una lógica de intervenciones con sustento donde la ciencia nos ha comprobado que esa práctica trae beneficios para las y los sujetos, que no es otra cosa que respetar el derecho de las y los usuarios a un tratamiento de calidad. 

En este sentido, parte del aporte que entregan las intervenciones basadas en evidencia, es que también nos llaman a medir los resultados de nuestro trabajo. En general las y los profesionales de las ciencias sociales no hemos recibido formación en ello, ni tampoco lo tenemos incorporado como parte de nuestras prácticas de manera estable. Sin embargo, se hace imperioso comprender que conceptos abstractos que usamos frecuentemente, tales como “mejora continua” o “calidad”, se operacionalizan en la práctica en cada niño, niña, adolescente y sus familias que atendemos a diario, y que ello nos exige medir de manera estable, continua y rigurosa, si ese niño, niña o adolescentes avanza o no hacia los objetivos que nos hemos propuesto.

En materia de tratamiento, esto adopta varias formas de medición, desde aquellas circunscritas a nivel de las personas usuarias, por ejemplo, conocer con claridad qué variables se han modificado o no, y en qué dirección, a partir de la linea base inicial en un niño, niñas y adolescente en particular; así como aquellas mediciones que nos permiten conocer aspectos a nivel de la gestión del Programa, como por ejemplo, cuál es el número de abandonos tempranos que tenemos en nuestro programa, qué nivel de satisfacción presentan las y los usuarios con nuestro servicio, entre varias otras cuestiones. 

Así entonces, estaremos en condiciones de tomar decisiones técnicas oportunas, en base a resultados concretos que hemos medido y no en base sólo a impresiones u opiniones. 

Cuáles son los factores protectores que se deben reforzar a tu juicio en un periodo de pandemia con los la población infantojuvenil, y ¿qué mensaje entregarías a los equipos que están abordando estos desafíos en contextos adversos?

Es el sistema de cuidados completo el que debe constituirse como elemento protector ante el estrés tóxico al que han estado expuestos a niños, niñas y adolescentes desde el inicio de la pandemia, y algunos lamentablemente durante toda su trayectoria de vida. En este sentido, los equipos tenemos el desafío de apoyar la generación de una red de cuidados, velando porque desde las Instituciones, Justicia, Educación, el Sistema de Salud, así como las propias familias, entreguen a cada niño, niña y adolescente el re- establecimiento de su sentido de seguridad emocional básico que se ha visto fracturado. En los más específico, los equipos tenemos el desafío de acompañar a los cuidadores mas cercanos, poniendo en el centro de nuestro trabajo la intervención familiar, entendiendo que hoy las familias viven la crianza con altos montos de tensión, estrés e inseguridad. Es importante incorporar que en este contexto, más que nunca, son los cuidadores quienes más necesitan de nuestra intervención, ya que es comprobado que aquel adulto que pasa mayor cantidad de tiempo con ese niño o niña, es quien más influirá en su desarrollo y bienestar. Sabemos que las familias en contexto de multi- estrés presentan falencias en el ejercicio de su rol, muchos de ellos y ellas cargando sus propias historias de dolor, pero aún con todo eso, y probablemente por esa misma razón, es que nuestros esfuerzos deben centrarse en quienes cuidan para alcanzar los mejores resultados. Eso es lo que dejará la mayor huella en los procesos de recuperación de aquellos niños, niñas y adolescentes que acompañamos en nuestra Fundación. 

Los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso a servicios médicos y de rehabilitación, con especial énfasis en aquellos relacionados con la atención primaria de salud, los cuidados preventivos y la disminución de la mortalidad infantil.
Es obligación del Estado tomar las medidas necesarias, orientadas a la abolición de las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud del niño.

Artículo 24, Convención internacional del Niño