Analizar los alcances que tendrá la implementación del Servicio de Reinserción Social Juvenil fue el objetivo del seminario que congregó a los actores del ámbito público, judicial, académico y de la sociedad civil, en el seminario organizado por Fundación Tierra de Esperanza y el Servicio Nacional de Menores de la región del Biobío, con el apoyo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Se espera que el nuevo organismo público esté en completa operatividad a nivel nacional el año 2026. Juan Pablo Mansilla, Jefe del Equipo de Transformación de la dirección nacional del Servicio Nacional de Menores, así lo señaló y se refirió a los ejes principales del actual proceso de transformación del Servicio, debiendo asumir el desafío de poner en marcha la ley 21.527 que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que tiene como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la ley, mediante el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de conductas delictivas y a la integración social de las y los jóvenes sujetos de su atención, implementando políticas de carácter intersectorial en la materia. Caber recordar que el pasado 12 de enero de 2023 quedó publicada en el Diario Oficial la Ley 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Francisco Maldonado, abogado e investigador experto en este ámbito, y que participó asesorando la ley para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicó que “son muchos los desafíos para los operadores del sistema de justicia, como el integrar los contenidos de especialidad en los procesos, en especial, en la fijación de la pena y darle el tiempo que demanda un tratamiento más exigente de su trabajo. En tanto, para los interventores, elevar el grado de estructuración de las intervenciones y coordinación de las prestaciones, especialmente, en torno a las sanciones que menos intervención tienen en la actualidad.La puesta en marcha del servicio supone , en régimen, que se va a contar con las herramientas y dispositivos necesarios para aplicar la ley, lo que hoy no existe, con ello, se debieran lograr en mejor forma los efectos preventivos que persigue el modelo”.
En este ámbito, Rafael Mella Gallegos, director ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza, señaló que “estamos esperanzados como Fundación que este nuevo servicio permita llevar a la realidad la especialización a todos los operadores que están en el circuito de la infracción de ley penal adolescente. Hasta hoy, el único que ha conservado un nivel de especialización es la Defensoría Penal Pública, y esperamos que con ley pueda efectivamente, la Fiscalía y los jueces, establecer profesionales especializados y exclusivos para las materias adolescentes. Es necesario también apostar por la especialización en quienes ejecutan las medidas y sanciones. Para nosotros ha sido fundamental en todos estos años apostar (desde la evidencia) por un modelo de especialización, como lo es el Modelo Multisistémico de Intervención Diferenciada (MMIDA) para la atención de jóvenes en conflicto con la justicia. Y esperamos que este nuevo marco jurídico también inste a todo el circuito a nivel nacional a efectivamente apostar por una intervención especializada”
Durante el seminario Fundación Tierra de Esperanza, José Rebolledo, coordinador de la línea de educación, y Gustavo Mellado, director del programa Multimodal Concepción Costa, ambos de la institución infantojuvenil, expusieron dos experiencia de trabajo basadas en la evidencia. La primera en la modalidad de apoyo socioeducativo y, la segunda, con el programa multimodal para la reinserción de jóvenes en conflicto con la justicia. Ambos reforzaron la importancia de contar con una oferta programática especializada y de abordar las trayectorias de cada joven de manera diferenciada, siendo la evidencia un complemento importante en el trabajo de intervención con perspectiva de derecho.
En tanto, en el panel integrado por el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Juzgado de Garantía de Concepción, coincidió en la necesidad de asumir una mayor coordinación y comunicación interinstitucional. La magistrada Tania Galgani Ugarte indicó que “tenemos un importante desafío en la comunicación interinstitucional para la adecuada implementación de esta modificación a la ley de responsabilidad penal adolescente. Y eso me parece que va a redundar en una ejecución mucho más efectiva si es que lo logramos hacer de forma adecuada. Nosotros estamos acostumbrados a un trabajo muy individual, desde el punto de vista del poder judicial, el desafío que impone esta modificación es que los jueces tenemos que ser parte de todo ese procedimiento, es decir, tener un rol más activo en la identificación de las necesidades, el contenido del plan de intervención, de la búsqueda de la comparecencia del imputado, va a requerir una participación más intensa por parte del juez que no la puede hacer solo y para eso va a necesitar una adecuada comunicación, rápida , efectiva y completa de las instituciones que ayudan a la ejecución de las sanciones”, afirmó.
La actividad contó con la participación de Felipe Huerta, director (s) Sename en la región del Biobío, Carolina Rocha, en representación de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Leoncio Toro, miembro del Consejo de Fundación Tierra de Esperanza, Carlos Céspedes, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.