Internacional. Por tercera vez el Estado de Chile se sometió a un nuevo proceso de evaluación a través del Examen Periódico Universal (EPU), único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tiene como objetivo mejorar los derechos humanos en cada uno de los 193 países que lo integran.
De esta forma, la jornada internacional llevada a cabo esta semana en Ginebra, abrió el espacio para que los países miembros revisaran los compromisos asumidos por Chile en el examen anterior, realizado hace 5 años; y asimismo, recibiera las recomendaciones en este nuevo ciclo.
Fundación Tierra de Esperanza por primera vez fue parte de este proceso desde la sociedad civil. Y en su plan de abogacía, elaboró un informe técnico con el objetivo contribuir con información acerca de los derechos humanos de adolescentes chilenos privados de libertad desde la perspectiva de su acceso a la educación, lo cual fue recogido por Austria.
La embajadora Elisabeth Tichy-Fisslberger, representante permanente de dicho país, en la Organización de Naciones Unidas (ONU), manifestó que “los recientes informes muestran que existe (en Chile) una situación precaria entre niños y jóvenes. Nos preocupa la situación de los niños en situación de detención”. Y además, subrayó desde el Estado de Chile “aseguren el acceso a una educación inclusiva y de calidad en los centros de detención de menores, y la continuación de estudios en el sistema de educación común después de que hayan completado la sentencia”.
Pedro Canales Contreras, Director Ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza, indicó que “valoramos que Austria haya considerado nuestro informe técnico en este importante tema. La recomendación realizada por dicho país está en sintonía con lo que hemos enfatizado como institución. La privación de libertad no puede privar a los adolescentes de sus derechos, y uno de ellos es la educación. Debemos responder al fin último de la ley, donde se señala que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social; y en este último punto, el Estado de Chile tiene desafíos inmediatos en asegurar una educación inclusiva y de calidad en los centro de internación provisoria y régimen cerrado”.
En tanto, Ricardo Suazo, Director Técnico de Fundación Tierra de Esperanza, señaló que las recomendaciones de los países “obligan a nuestro país a adoptar políticas no discriminatorias para que la educación de todo adolescente sea de calidad e inclusiva. Actualmente, las condiciones en que se desarrolla el proceso educativo de los adolescentes que se encuentran privados de libertad es discriminatoria, tanto por las condiciones materiales a las que están sometidos, por el curriculum aplicado, por el acceso a beneficios o por la especialización de sus docentes”.
En total fueron 266 las recomendaciones realizadas por los Estados miembros a Chile, entre ellas, la protección de los derechos humanos de la población indígena, migrante, infancia, entre otros. Lorena Recabarren, Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos señaló en su alocución inicial que “Chile está consciente de los desafíos pendientes, los estándares internacionales representan orientaciones y criterios exigentes que nos impulsa a estar alerta y advertir aquellas brechas que todavía no hemos cerrado, de modo de hacernos cargo de manera responsable de aquellas falencias”
*Revisa aquí el video con el Examen Periódico Univ