Región del Biobío. El impacto de la migración en la niñez y adolescencia fue el tema de análisis en el coloquio realizado conjuntamente por Fundación Tierra de Esperanza, la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, que tuvo como objetivo analizar esta realidad en Chile. El país a lo largo de su historia se ha construido también desde los migrantes, y sin duda ha sido un tema presente en la opinión pública. ¿Pero qué ocurre con la infancia?
Patricio Rojas, abogado de la Fundación Friedrich Ebert Stifung y experto en el tema, fue enfático en señalar que la ley que data del año 1975 tiene una perspectiva de seguridad nacional y no de derechos humanos, y si bien el país ha suscrito acuerdos internacionales, con la infancia aún se está en deuda.
Y es que pese a estos convenios en Chile existen condiciones que se deben reforzar, como lo son el ámbito de la habitabilidad, salud, educación , que entre otros factores inciden en ambientes que no garantizan los derechos de la niñez.
Al 2016, la población migrante menor a los 19 años la constituían casi 90 mil. Al respecto, Patricio Rojas, señaló que “hay ciertas distinciones que se hacen y que finalmente generan discriminación por parte del Estado, las que posteriormente se replican en la sociedad”.
Por lo anterior, expresó que “lo antes posible se debe modificar la ley hacia una perspectiva de derechos humanos, donde se contemple que los accesos a derechos a los niños y niñas, principalmente vulnerables, se permitan sin poner limitaciones a los temas de salud, educación y menos a la seguridad social”. Asimismo, Rodrigo Rojas, hizo hincapié en la necesidad de otorgar celeridad a los trámites para regularizar la situación de los migrantes, mantener informada desde las distintas reparticiones públicas a la población respecto a sus derechos, y resolver temas en cómo se aborda la educación para ellos, sin excluirlos del sistema de gratuidad o de becas para dar continuidad a sus estudios.
De los más de 5 mil niños, niñas y adolescentes atendidos por Fundación Tierra de Esperanza, el 2,3% es migrante. Para Ricardo Suazo, coordinador técnico de Tierra de Esperanza, señaló que “la importancia de incorporar espacios de formación sobre niños, niñas y adolescentes migrantes radica en la necesidad de que la ciudadanía y especialmente los y las operadores sociales que desarrollan funciones desde el ámbito público o la sociedad civil, garanticen la realización de sus derechos humanos que, producto de su situación de migración, se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad”.
A lo anterior agregó que “se debe velar por su derecho a la vida, al desarrollo, la participación y la protección; a tener un nombre y una nacionalidad; a saber quiénes son sus padres y a no ser separados de ellos; a la reunificación familiar; a crecer sanos física, mental y espiritualmente; a que se respete su vida privada; a tener su propia cultura, idioma y religión; a que sus intereses sean lo primero a tener en cuenta en cada tema que les afecte, tanto en la escuela, como en los hospitales, ante los jueces u otras autoridades; a expresarse libremente, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta; a no ser discriminados; a tener a quien recurrir en caso de que los maltraten o les hagan daño; a solicitar asilo y ser reconocido como refugiado; a que no se les obligue a realizar trabajos peligrosos ni actividades que afecten o entorpezcan su salud, educación y desarrollo; a aprender todo aquello que desarrolle al máximo su personalidad y capacidades intelectuales, físicas y sociales; a recibir educación primaria y secundaria; a tener una vida digna y plena, más aún si se tiene una discapacidad física o mental; a descansar, jugar y practicar deportes; a vivir en un medio ambiente sano y limpio; y a disfrutar del contacto con la naturaleza”.
A la actividad que se realizó en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, asistieron Karina Zuchel, Directora Técnica de Fundación Tierra de Esperanza; Nadia Castro, jefa de carrera de la Escuela de Trabajo Social, Verónica Gómez, académica de la Escuela de Trabajo Social, representantes de instituciones de infancia y de organismos públicos.