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En un nuevo paso para fortalecer la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley, la institución se adjudicó dos nuevos programas en la línea de Justicia Penal Adolescente, bajo la modalidad de Libertad Asistida Especial (LAE), en un trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Esta ampliación de su cobertura considera la apertura de programas en las regiones de Biobío y La Araucanía, lo que representa un hito importante con la implementación del Servicio de Reinserción Social Juvenil en la zona sur. Con esta noticia, la institución fortalecerá su presencia y capacidad de intervención en el país, atendiendo a un total de 440 adolescentes y jóvenes. En Biobío, se destinarán 150 atenciones, 160 en La Araucanía y 130 en Antofagasta, asegurando un enfoque especializado y adaptado a las necesidades diferenciadas.
Además, este proceso licitatorio abre nuevas oportunidades en el sur, y ratifica la continuidad del programa ya existente en la región de Antofagasta, reconociendo la labor de su equipo y la calidad de la intervención especializada implementada a lo largo de los años por la institución. Sin duda, los equipos destacan en estos resultados, un reconocimiento al compromiso institucional y a la experiencia desarrollada en el tiempo, donde la intervención basada en evidencia científica, ha sido trabajada también con la academia en una alianza con la Universidad La Frontera.
Desde lo técnico, la intervención se basa en el Modelo de Intervención Especializado (MIE), un enfoque sustentado en la ciencia que contribuye a modificar conductas delictivas y generar oportunidades de cambio, un derecho fundamental que todo adolescente tiene. Cabe señalar que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, cuya implementación se está realizando de manera gradual, y que ya se encuentra operativo en el norte y sur del país, tiene como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente (N°20.084), mediante el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de toda conducta delictiva, a la integración social de las y los jóvenes infractores de ley y a la implementación de políticas de carácter intersectorial.