Una activa agenda de trabajo está impulsando la institución para recoger y poner en perspectiva los énfasis de contenido en lo que respecta el mecanismo del Examen Periodico Universal (EPU).

José Rebolledo, coordinador técnico de la línea de educación, explicó que “el EPU es uno de los principales mecanismos de revisión de Derechos Humanos con el que cuenta Naciones Unidas (…) entonces, para nosotros como parte de la sociedad civil es una oportunidad de poner de relieve aquellas situaciones que afectan el goce de los derechos que el Estado de Chile se ha comprometido a respetar y garantizar. Por otra parte nos da la posibilidad de visibilizar temas nuevos, que tal vez para la comunidad de Estados miembros de ONU no han sido relevantes, pero que sin embargo, para nosotros se configuran en evidentes situaciones de vulneración de derechos, como es el caso de la situación de los adolescentes y jóvenes privados de libertad respecto a su acceso a una educación inclusiva y de calidad”.

De esta forma, Rebolledo afirmó que “la participación de Fundación Tierra de Esperanza, y la Corporación Educacional Tierra de Esperanza,  en la elaboración de informes en el marco del EPU ha sido un camino de permanente aprendizaje, cuando, en 2018 realizamos nuestro primer informe de coalición levantando la situación de acceso a la educación de los jóvenes que se encontraban en centros de privación de libertad del Sename, lo hicimos teniendo un conocimiento muy básico del instrumento y de los procedimientos relacionados con el mismo, necesitábamos ir aprendiendo en el camino, aún así creo que el producto de ese trabajo respondió a los esfuerzos desarrollados y se vio coronado con el hecho de que una de las recomendaciones que pusimos en nuestro informe fue recogida por un Estado (de Austria) y la recomendó oficialmente a Chile en el marco del Examen. Este año, cuando nos dimos a la tarea de preparar el informe de medio proceso para enviar a ONU, el tema de la participación surgió como un elemento a potenciar ya que, desde un enfoque de derechos, la participación es un principio fundamental, de ahí entonces que nos dimos a la tarea de incorporar, a los verdaderos protagonistas de los procesos educativos en contextos de encierro, los profesionales de los equipos educativos y a los y las jóvenes que que viven  procesos de enseñanza aprendizaje en estos contextos. Creemos que  su opinión debe ser relevante al momento de levantar información respecto a los avances, retrocesos y estancamientos que ha presentado la política publica respecto a la educación en estos contextos. Más aún, resulta relevante saber cuales son los anhelos y expectativas que tienen respecto a la educación en contextos de encierro los verdaderos protagonistas de los procesos socioeducativos que se desarrollan en estos espacios”

Cabe recordar que según el último Anuario Estadístico del Servicio Nacional de Menores (2019), fueron 3.076 adolescentes y jóvenes atendidos en medidas y sanciones en contexto privativo de libertad, y 8.152 adolescentes y jóvenes atendidos en medidas y sanciones en contextos ambulatorios. Esto, sin duda representa un desafío para hacer visible y garantizar en este segmento de la población acceso a la educación.

Es importante visibilizar el derecho a la educación como pilar fundamental en la reinserción social.”

Carolina Aravena, directora ASE Cautín.

Periódicamente los equipos de Fundación Tierra de Esperanza, de la línea de educación, y con la participación de profesionales de la Corporación Educacional Tierra de Esperanza, se reúnen con el propósito de revisar temáticas pertinentes a considerar en este proceso, como parte del eje de contenido.

Carolina Aravena, directora del programa de Apoyo Socioeducativo que Fundación Tierra de Esperanza tiene en Cautín (región de La Auaraucanía) , y parte de este equipo de contenido, señaló que ha sido una buena experiencia ser un aporte al proceso, realidad que conoce de cerca, a través del trabajo diario que realizan como equipo para contribuir a la educación de las y los adolescentes y jóvenes en este contexto. “Es importante visibilizar el derecho a la educación como pilar fundamental en la reinserción social. Muchas veces quedan excluidos de los sistemas educativos y requieren especialización y no solo apoyo educativo sino también apoyo psicopedagógico, tutoría y acompañamiento constante (…) en torno al EPU nos gustaría ( como equipo) que fuera una realidad a corto plazo, que lo que se quiere trabajar y generar un impacto que pueda cambiar y/o reforzar lo que ya se está haciendo. Mantener la importancia de la educación como pilar fundamental y darle el realce en los procesos de intervención”.

“Me gustaría que esto pudiera mejorar las condiciones educativas de los jóvenes que presentan conflictos con la ley, en cuanto a infraestructura, adaptaciones curriculares, que nuestros estudiantes tengan una educación de calidad e inclusiva

Diana Valenzuela, Directora ASE Antofagasta.

En tanto Diana Valenzuela , directora del programa de Apoyo Socioeducativo (ASE) de Antofagasta, señaló que ser parte de este proceso participativo  “ha sido interesante y motivante para todo el equipo, puesto que después de 3 años de funcionamiento del programa ASE Antofagasta, se han visualizado de alguna manera las debilidades que tiene el sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Es decir, casi el 90% de nuestros estudiantes presentan necesidades educativas especiales transitorias y permanentes. Sin embargo, no siempre pueden acceder a adaptaciones curriculares o ser parte de una educación de carácter inclusiva en los establecimientos educativos que asisten. Vemos este proceso como una oportunidad de generar un cambio a nivel país, concientizando a la población en especial a los establecimientos educativos de la importancia que tienen las oportunidades de apoyo pedagógicas y psicopedagogicas de calidad que reciben los estudiantes”.

Además, Valenzuela destacó que“el camino de las políticas públicas y educacionales, han dado cuenta que han sido mínimas en cuanto a la reinserción educativa, los jóvenes no tienen acceso a educación de calidad, inclusión o adaptaciones curriculares significativas para su proceso de aprendizaje, generando retraso pedagógico y solo acentuando las NEE transitorias o permanentes que presentan. En este contexto, los límites y posibilidades de los programas educativos y la pertinencia de la realidad educativa de los jóvenes que son sancionados por la justicia también son limitadas al no contar con suficientes herramientas como capacitaciones, tecnologías y recursos económicos”. Por esta razón, que Tierra de Esperanza sea parte de este mecanismo la tiene esperanzada: “me gustaría que esto pudiera mejorar las condiciones educativas de los jóvenes que presentan conflictos con la ley, en cuanto a infraestructura, adaptaciones curriculares, que nuestros estudiantes tengan una educación de calidad e inclusiva que considere el nivel socioeconómico, consumo de drogas, cultura geográfica, historial educativo, bases curriculares, capacitaciones al personal y docencia en la temática establecida.

Nosotros como programas educativos podamos trabajar codo a codo con el Ministerio de Educación, trabajar con la comunidad de los establecimientos educativos, corporaciones municipales y comunidad vecinal, concientizando sobre la labor que realizamos y eliminando prejuicios que existen sobre nuestros estudiantes”, destacó Diana Valenzuela.

CONOCE LA LÍNEA DE TIEMPO_ MECANISMO UNIVERSAL EPU.