Un inédito modelo científico en el ámbito de la justicia penal adolescente que incorpora la tecnología con un fin social es el que desarrolló el Departamento de Psicología de la Universidad de La Frontera (UFRO) y Fundación Tierra de Esperanza, para contribuir al mejoramiento continuo de la intervención especializada en este sector de la población.

Se trata del Modelo Multidimensional de Interveción Diferenciada (MMIDA) que incluye un soporte tecnológico que permite identificar los antecedentes sociodemográficos y sociodelictuales para la gestión de la intervención profesional especializada con adolescentes, y que desde agosto Fundación Tierra de Esperanza es la primera organización social que cuenta con el licenciamiento para su uso.

Lo anterior, es parte de un proyecto FONDEF, y busca reducir la reincidencia delictiva y favorecer la integración social de quienes han sido sancionados penalmente; y además, aporta a los desafíos considerados en el proyecto de ley que crea el nuevo servicio de Reinserción Social Juvenil, el que apunta a evitar la estandarización de la intervención, proponiendo acciones integrales e instrumentos y protocolos de evaluación que aseguren el acompañamiento individualizado.

Lo anterior es  una demostración del impacto social que se logra con la ciencia aplicada por la vinculación entre la universidad e instituciones de la sociedad civil, como Fundación Tierra de Esperanza, quien es la primera organización en el país en acreditarse en el uso de la plataforma, lo que fue reconocido a través de una ceremonia virtual que la entidad académica realizó durante el mes de agosto para entregar el licenciamiento a Tierra de Esperanza y, también, para certificar a más de 20 profesionales como expertos y especialistas.

En la ocasión, Fabiana Castro, directora (s) del Servicio Nacional de Menores, felicitó y valoró el aporte basado en la evidencia, destacando que son avances que están en sintonía con lo que será el nuevo servicio de reinserción social juvenil. “Esperamos que esto pueda ser un insumo y aliciente para todo aquello que tiene relación con el nuevo servicio de reinserción social y juvenil, que sabemos es un tremendo desafío. Hoy no se puede improvisar, es un deber de ofrecer estrategias e intervenciones ajustadas a modelos efectivos (…) felicitar a Fundación Tierra de esperanza y a las Universidad de La frontera, porque esto habla de un interés y de una vocación de hacer las cosas bien, avaladas por aquello que funciona”, indicó Castro.

Al respecto, Rafael Mella, director ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza, destacó el esfuerzo de los profesionales que fueron acreditados en el modelo como especialistas y expertos, felicitando y agradeciendo el esfuerzo que han desplegado durante todo este tiempo. Asimismo señaló que “nos parece relevante que el Servicio siga apoyando modelos centrados en la evidencia, especialmente en modelos para trabajar con adolescentes en conflicto con la justicia”. Con anterioridad, Rafael Mella ya había señalado la importancia de estos avances científicos señalando que “creemos que  este tipo de enfoques tienen una tremenda ventaja a la hora de instalar políticas públicas, ya que permite demostrar resultados en áreas de intervención particularmente difícil. Sabemos que no se puede corregir lo que no medimos, de ahí que todas  las instituciones que trabajamos en infancia, lo hagamos en modelos centrados en la evidencia y levantemos información objetiva respecto de nuestro quehacer”.

En tanto, Ricardo Pérez-Luco, señaló en base al modelo que “esta es una alianza a largo plazo que esperamos convierta en realidad lo que hemos ido construyendo desde la investigación, y que se inserte en la política pública nacional”. En Chile, según el Anuario Estadístico del Servicio Nacional de Menores 2019, fueron atendidos 3.076 adolescentes y jóvenes en medidas y sanciones en contexto privativo de libertad, y 8.152 adolescentes y jóvenes en medidas y sanciones en contextos ambulatorios. De esta forma, el modelo es un aporte a este sector de la población que permite a los profesionales especializados a realizar informes e intervenciones medibles y diferenciadas, que respondan a las necesidades particulares de las y los adolescentes, en el área de la salud, educación, desafíos laborales y, principalmente, que favorezcan a la inserción social y al desestimiento delictivo.

Cabe señalar, que Chile desde el año 2007 cuenta con una ley de Responsabilidad Penal Adolescente que tiene como fin último la inserción social de los jóvenes, por lo que este sistema tecnológico también busca ser un aporte en ello y en base a lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.