Columna de opinión: Rafael Mella Gallegos, Director ejecutivo Fundación Tierra de Esperanza
La reparación de los derechos de la niñez es una deuda que Chile tiene con la infancia. La aparición pública nuevamente de la vida de Cristóbal, ya de 21 años, y conocido estigmatizadoramente por distintos sectores de la sociedad como Cisarro, devela la gravedad de vivir a temprana edad múltiples episodios de violencia .
No abordar a tiempo las vulneraciones de derecho en la niñez, les expone a graves riesgos, como el consumo de drogas, depresión, abandono escolar, e incluso a presentar conflictos con la justicia.
Fundación Tierra de Esperanza, ha constatado que el 90% de los adolescentes en conflicto con la ley vive y ha vivido en su niñez episodios de maltrato. Lo anterior, no hace más que reafirmar la urgencia de abordar este tema también con los adolescentes privados de libertad, para garantizar lo que nuestro país ha comprometido voluntariamente, no solo en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, sino que también en la Convención Americana de Derechos Humanos que estipula el derecho de los menores de edad a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
La vida de Cristóbal trascendió mediáticamente a los diez años desde la mirada criminalizadora y con una profusa historia de vulneraciones invisibilizada. La ley de Responsabilidad Penal Adolescente les reconoce como sujetos de derecho y tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social.
Sin embargo, ser sujetos de derecho también les hace apropiarse de cada uno de los artículos expresos en los convenios internacionales, que al garantizarlos, evitaría que sufran vulneraciones y que estas se vuelvan crónicas. La reducción del delito en la edad temprana pasa por poner el acento en la promoción y prevención, fortaleciendo los factores protectores en la familia y la educación, como lo señalan estudios nacionales e internacionales en justicia juvenil. La polivictimización es un factor de riesgo importante en la trayectorias delictivas, y nuestro país, de acuerdo a la Primera Encuesta Nacional sobre violencia, victimización y polivictimización en niñas, niños y adolescentes, dada a conocer por la Subsecretaría de Prevención del Delito, evidenció que un niño o niña polivíctima, ha sufrido 14 victimizaciones en su vida. Por lo tanto, la prevención y erradicación de la violencia en la infancia sigue siendo clave para evitar que historias como la de Cristóbal sigan ocurriendo, y el rol del Estado como garante de derecho es prioridad.
Rafael Mella Gallegos
Director Ejecutivo
Fundación Tierra de Esperanza