Diferentes actores de la sociedad civil han evidenciado las múltiples falencias que existen en el sistema escolar que ha excluido, por años, a miles de niños, niñas y adolescentes que viven en contextos vulnerables. ¿Quién debe hacerse cargo?
Fuente: Fundación Colunga.
“Hoy son 1.500 los jóvenes que desertan del sistema escolar, solo en la comuna, y que son presa fácil del narcotráfico. (…) Hay que reparar el daño que ha hecho el Estado a estos niños. No son desertores, son desechados del sistema escolar. Porque es más importante el Simce que retener a un niño en un factor protector que no tiene en su casa”, declaraba Claudia Pizarro, Alcaldesa de La Pintana, a fines de mayo, en televisión abierta.
Estas afirmaciones, dadas en un contexto de radicalización del narcotráfico en comunas de la periferia metropolitana, son el crudo ejemplo de las consecuencias de un sistema escolar que abandona a sus estudiantes más vulnerados y que el Estado llega tarde a ellos.
Pese a que la legislación vigente abre la posibilidad de ingreso de cualquier familia del país a establecimientos educativos de calidad, las políticas públicas que se encargan de restituir el derecho a educación en aquellos que han tenido que abandonar sus estudios por diversos motivos, no son suficientes o, incluso, no existen. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han trabajado por subsidiar este problema y generar llamados de acción al Estado.
Liliana Cortés, Directora Ejecutiva de Fundación Súmate, fundación apoyada por el Fondo de Fortalecimiento de Colunga, es testigo de cómo la educación es base fundamental para transformar la realidad de niños y niñas en contextos extremos. “Hay niños que, cuando comienzan a vivir esta nueva experiencia educativa en las Escuelas de Súmate, demuestran que el talento que tienen es increíble. Son niños que siempre merecieron estar en colegios emblemáticos y de alta exigencia. Viendo eso te cuestionas el por qué alguien, hace cinco años atrás, decidió que él o ella no podía estar ahí”, relata.
Foto: Fundación Súmate.
Fundación Súmate, con sus diferentes programas de retención, reingreso, reinserción y proyección de estudios, tiene presencia en la Región Metropolitana, Biobío, Valparaíso, Antofagasta y Coquimbo. Solo en el año 2018, atendió a más de 2.400 personas.
“La educación es un medio para encaminar y construir rutas de superación. La movilidad social, el enriquecimiento de las relaciones, el poder modelar dentro de la escuela una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa. La escuela es un espacio protegido para eso. Es la vida de los niños. No existen otros espacios. Si un niño o niña no va a la escuela, no tiene un centro comunitario, una villa o una casa en la cual estar”, señala la Directora Ejecutiva.
El impacto de una buena educación en jóvenes que viven en contextos extremos solo puede ser efectivo si el trabajo implica a todos los actores involucrados en el sistema escolar. Eso es lo que ha evidenciado Fundación Tierra de Esperanza, también apoyada por el Fondo de Fortalecimiento, en su experiencia con jóvenes infractores de ley.
“El trabajo de educación no se puede dar de forma aislada. Hay que establecer un compromiso integral que apunte a apoyar procesos que van más allá de esa dimensión. No sirve de nada hacer un trabajo de autoconocimiento, de fortalecimiento de habilidades y de los recursos de la familia para apoyar a los jóvenes, si la escuela no hace su parte, acogiéndolos de forma distinta”, indica José Rebolledo, Coordinador Técnico Nacional de Educación de la fundación.
Foto: Fundación Tierra de Esperanza
Sin olvidar que aquellos jóvenes que incurren en delitos son sujetos de derecho y les pertenece el acceso a ser educados, Tierra de Esperanza apela a que el Estado se haga cargo en su labor de restituirlos. “Nosotros trabajamos desde la perspectiva que estos jóvenes tienen derecho a ser educados. Entendemos la reinserción como la capacidad que tienen de insertarse en su propia comunidad y aprovechar sus potencialidades para desarrollarse como ciudadanos. Esos son verdaderos puntos de avance, más que solo volver al sistema escolar”, detalla José Rebolledo.
“Desde la sociedad civil cumplimos una función de co-garantes de derechos, pero quien tiene la obligación de garantizarlos de forma completa es el Estado”, concluye.