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Por Karina Zuchel Pérez, Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo – Fundación Tierra de Esperanza.

Frecuentemente escuchamos críticas al Sename y hemos conocido una serie de propuestas de cambio en la institucionalidad, en materia de Justicia Juvenil. Actores como Fundación Paz ciudadana; la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y reglamento del Senado (2012); la Comisión de expertos del Ministerio de Justicia (2013); Unicef (2014); la Comisión de evaluación de la ley de la H. Cámara de diputados (2015); y otros como el Sename, Defensoría Penal pública y Ministerio público; han emitido informes que relevan la necesidad de modificar una serie de ámbitos  como la especialización, la integración de información, aspectos procesales y de la institucionalidad, para conseguir la disminución de las conductas delictivas y la integración social.

Quienes tengan la responsabilidad de implementar los cambios, deberán prestar especial atención en la articulación de las políticas de los distintos sectores, para evitar que, ante la debilidad intersectorial que ha contextualizado la intervención en estos 12 años de implementación de la LRPA, aquellas acciones de educación, formación laboral, salud mental, protección familiar y comunitaria, nuevamente sean subsidiadas por los ejecutores de medidas y sanciones de dicha ley. Si bien hasta la fecha el propio Sename ha intencionado respuestas, no siempre se llevan a cabo con los estándares de calidad esperados, por razones como las competencias profesionales o los recursos requeridos, pero principalmente por la multiplicidad de tareas que dispersan el foco del trabajo, abordando a medias tintas lo criminógeno y lo psicosocial y sin la red de servicios a nivel local, que garantice los derechos en las áreas señaladas. Mención aparte en este punto, es la tan anhelada Ley de Garantía de Derechos que aún no ve la luz en su tramitación legislativa.

Otro foco a tener presente es la continuidad/complementariedad de atención entre los distintos programas de la política pública, por ejemplo, los del Sistema Lazos recientemente anunciado por el Gobierno y que está alojado en la Subsecretaría de prevención del delito del Ministerio del Interior o los futuros programas del Ministerio de Desarrollo Social en materias de vulneración de derechos. Es sabido que hoy niños, niñas y adolescentes de una misma familia pueden estar acompañados por profesionales de tres o cuatro programas, que escasamente se coordinan entre sí y que sin duda más que apoyar y optimizar el uso de recursos, tensionan a los integrantes de las familias y no potencian sus resultados.

Por último y no por eso menos importante, es abrir los espacios comunitarios y de la sociedad civil, para que se responsabilicen de la integración/inclusión social de los y las adolescentes. Los continuos mensajes de peligrosidad y desconfianza ante potenciales “delincuentes” sólo cierran oportunidades, generando exclusión y el refuerzo de construcciones indentitarias delictivas y violentas, lo que se transforma en una gruesa barrera que ningún equipo y menos las/los propios jóvenes pueden derribar. Deberán ser las políticas locales, municipales quienes debiesen asumir este desafío, con apoyo del nuevo Servicio de Reinserción Social.

Sin duda el escenario es complejo, pero no deja de ser una oportunidad para realizar una verdadera Reforma social y colectiva.