En el marco de la semana internacional de los derechos humanos, Fundación Tierra de Esperanza y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Latina, realizaron conjuntamente el Coloquio en esta temática, la que estuvo vinculada a los adolescentes y jóvenes privados de libertad .
Birgit Gerstenberg, representante de ACNUDH para América Latina, enfatizó que la justicia juvenil y la de adultos no puede ser la misma, simplemente porque son personas en desarrollo y requieren lo mejor de la sociedad, indicó. “La educación en condición de libertad es distinta a la que se da en privación de libertad, aquí no hay igualdad de condiciones. En mis ojos la educación para niños privados de libertad debe ser incluso mejor a la que se da en libertad, más específica, más personal e individual, y debe ser acompañada de un programa de salud mental, de inserción en la sociedad, de ética y también de contactos con la comunidad y la familia(…) deben sentir el amor y el calor de la sociedad y el compromiso con ellos; y no el abandono, porque es el abandono el que les hace reincidir y les hace sentir que no valen lo mismo que los demás”, afirmó Gerstenberg.
Al respecto, Pedro Canales, director ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza, sostuvo que abordar estos temas es prioritario. “Tenemos derechos básicos de los jóvenes privados de libertad no resueltos. Y cuando hablamos de garantizar el bienestar Superior del Niño, también hacemos hincapié en ellos. Hay preguntas claves que debemos responder ¿dónde estábamos como sociedad hace 7 u 8 años atrás, cuando aún no infringían la ley?. Algo ocurrió que como sociedad no nos hicimos cargo y que hoy debemos responder mejorando nuestras políticas públicas y conversando entre los distintos sectores para lograr acuerdos concretos. A modo de ejemplo, hoy tenemos un modelo de educación para los adolescentes centrado en un modelo de adultos”.
Uno de los puntos de inflexión fue abordado por Alba Sepúlveda, docente y Directora de la Corporación Educacional de Tierra de Esperanza, quien analizó la situación actual de la educación en este ámbito, y por Juan Pávez, jefe jurídico de la Defensoría de la Niñez, quien realizó un contexto de la realidad nacional.
Fundación Tierra de Esperanza a partir de su experiencia este año participó en el Examen Periódico Universal (EPU),realizando recomendaciones al Estado de Chile. Al respecto, Alba Sepúlveda, se refirió a ellas subrayando algunas de éstas, “ asegurar a que en el país la totalidad de los Centros Privativos de Libertad para adolescentes cuenten con establecimientos de educación formal y que las condiciones básicas de infraestructura y equipamiento de los establecimientos permitan desarrollar procesos educativos de calidad”. La profesional además dio a conocer que los alumnos en privación de libertad no están accediendo a los beneficios de alimentación de la Juaneb, ni tampoco al proyecto Enlace. “Los y las jóvenes no pueden acceder a programas y/o servicios ya sea por el carácter de dependencia administrativa del establecimiento o porque depende dela invitación que el Ministerio de Educación realice”. Actualmente existen 17 establecimientos educacionales en el país en contexto de privación de libertad donde no se reconoce el Derecho a la Educación para los adolescentes y jóvenes, de acuerdo a los estándares internacionales y a la misma Convención Internacional de los Derechos del Niño, suscrita por Chile en 1990.
A modo de contexto, Juan Pavéz, jefe jurídico de la Defensoría de la Niñez, señaló que el año 2017 fueron 22 mil adolescentes los que ingresaron al sistema penal juvenil en el país. En el tramo de edad de los 14 y 16 años, donde los mayores ingresos se dieron en las regiones Metropolitana, Biobío, Valparaíso y La Araucanía; en tanto, los delitos cometidos en el tramo de 14 a 17 años, fueron principalmente hurtos seguidos de robo y delitos contra la propiedad. Además, destacó que entre los 12 a 13 años, los niños, niñas y adolescentes de la población general, son principalmente víctimas de discriminación, violencia, ataques físicos y amenazas y maltrato”, frente a ellos argumentó “mi pregunta es ¿qué estamos haciendo con estos datos si hoy los tenemos?. Tanto dato y poca información. Hemos levantado una serie de información que nos permite ver el marco y estándares internacionales en este tema, y en el cual el Estado de Chile debe revisar sus políticas públicas para interceder y cambiar la realidad que estos adolescentes viven. La mirada adultocentrista no ha permitido el desarrollo de algunas políticas públicas , mirar desde los adolescentes permitiría entender lo que el adolescente siente y vive”.
En la actividad que se realizó en el Salón Medina de la CEPAL, participaron actores claves del Ministerio de Educación, Ministerio Público, Servicio Nacional de Menores, entre otros, quienes analizaron y discutieron acerca de la situación actual de la educación y de los derechos humanos en el contexto de privación de libertad, en un diálogo que fue moderado por Ricardo Suazo Guzmán, Director Técnico de Fundación Tierra de Esperanza.